El feminicidio es un fenómeno global, y México es uno de los países con las tasas de feminicidio más altas del mundo. Las autoridades mexicanas siguen fallando a las víctimas y a sus familias al no encontrar y procesar a los responsables, según un informe de Amnistía Internacional. Las estadísticas oficiales sobre la violencia contra las mujeres mexicanas ocultan una realidad aún más dura, alimentada por la impunidad. Las mujeres de México, unidas por grupos civiles, trabajan para enfrentar esta violencia incrustada en normas culturales.
David Deegan
05 de marzo de 2024
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Lorena Escobar, Paola Yazmin, Yaretzi Adri, María Álvarez y su nieta Emilia de 7 años, Nadia Muciño Márquez, Daniela Sánchez Curiel, Diana Velázquez Florencio, Karla Velasco, Julia Sosa Conde, Ingrid Escamilla y la pequeña Fátima de 7 años: estos nombres de mujeres y niñas asesinadas representan solo la punta de una lista en constante crecimiento de víctimas de feminicidio en México. Fueron asesinadas de la manera más brutal, y sus muertes muchas veces quedan impunes debido a que las autoridades mexicanas no logran encontrar y/o procesar a los asesinos. Nueve de cada diez feminicidios quedan sin resolver.
México es el segundo país más poblado de América Latina después de Brasil. Cada día, aproximadamente diez u once mujeres son asesinadas en México. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), una agencia autónoma del Gobierno de México, reportó que 3,757 mujeres fueron asesinadas en 2022. Durante el mismo período, el INEGI registró oficialmente a 2,841 mujeres como desaparecidas, por lo que la cifra de mujeres asesinadas podría ser mucho mayor.
La ONU define el feminicidio como el “asesinato intencional con motivación relacionada con el género.” Según la OSCE, en 2022 se registraron más de 89,000 feminicidios en todo el mundo, de los cuales más de la mitad (48,800) fueron cometidos por parejas o miembros de la familia. África tiene el récord de feminicidios, seguida de Asia, las Américas, Europa y Oceanía. México ocupa el undécimo lugar y es el país no africano con la tasa más alta de feminicidio en el mundo después de Honduras.
Los grupos de la sociedad civil en México sugieren que las desapariciones de mujeres también están subregistradas, por lo que las estadísticas del INEGI podrían ser aún más altas. Estos mismos grupos señalan que las desapariciones de mujeres en México ocultan el verdadero panorama de la violencia contra las mujeres, ya que efectivamente reducen las estadísticas de actos de feminicidio, secuestro y trata de personas.
En México, solo el 24 % de los homicidios reportados se consideran feminicidios. María de la Luz Estrada, Directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), junto con otras organizaciones feministas y de la sociedad civil, sugieren que esta cifra se acerca más al 50 %, debido a que fiscales y tribunales no reconocen que un asesinato tuvo una perspectiva de género y/o no emiten juicios que reconozcan la violencia de género.
Entre 1993 y 2011, más de 500 mujeres fueron asesinadas en Ciudad Juárez, una ciudad en el norte de México. Estos homicidios recibieron atención internacional principalmente por la inacción percibida del gobierno para prevenir la violencia y llevar a los responsables ante la justicia. Tras las protestas altamente publicitadas, en 2012 México se convirtió en el primer país de América Latina en agregar el feminicidio al código penal.
Realmente, nada ha cambiado
Los ataques no fatales son aún más numerosos. El “Premio Breach/Valdez” fue creado por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en México, junto con varias organizaciones, para reconocer el trabajo de periodistas en temas de derechos humanos en el país. En 2023, este premio fue otorgado a Gloria Piña por su documental “Las Sobrevivientes: Olvidadas por la Justicia.” Según su documental, desde 2015 ha habido 1.7 millones de investigaciones penales en México por agresiones contra mujeres, como golpizas, quemaduras, estrangulamientos, heridas con cuchillos o armas de fuego. Sin embargo, solo 781 de estos ataques fueron investigados como intentos de feminicidio. El resto se clasificó como lesiones dolosas o violencia doméstica, delitos que llevan penas más leves que el feminicidio.
Piña enfatiza: “No procesar estos ataques como intentos de feminicidio, a pesar de las evidencias abrumadoras, minimiza la magnitud del problema de la violencia contra las mujeres y alimenta una cultura de impunidad… El mensaje que el sistema legal envía es que en México hay impunidad y que una mujer puede ser atacada o asesinada. No solo no hay consecuencias legales por asesinar a mujeres, sino que el Estado no hará nada para proteger o apoyar económicamente a las víctimas.” La investigación de Piña concluye que esta falta de perspectiva de género en el sistema legal, junto con vacíos legales, negligencia y normas sociales perjudiciales, no ofrecen ni protección ni reparación a las víctimas y permiten que la mayoría de los ataques violentos contra mujeres queden impunes.
El feminicidio es una adición importante al código penal, no solo porque implica penas más severas, sino también porque llama la atención sobre los aspectos culturales y sociales de la violencia, factores que contribuyen a la cultura de impunidad. Piña describe esto como un sesgo de género en jueces y fiscales y patrones socioculturales profundamente arraigados que discriminan contra las mujeres.
Ney Vitrino, abogada de una ONG mexicana, señaló que la cultura, que data de tiempos prehispánicos, siempre ha dado mayor importancia a los hombres, una norma cultural que afecta las actitudes hacia la violencia doméstica. Julieta Fernández, diputada federal en el estado mexicano de Guerrero, dijo: “Se trata de romper el ciclo de violencia. Cuando la sociedad acepta como normal que un marido golpee a su esposa, las futuras generaciones no cambiarán este comportamiento.” Fernández promueve programas de educación para adultos que enseñan empatía en comunidades de Guerrero y reporta que los programas tienen más éxito cuando se destaca a los hombres el impacto directo que sus acciones tienen en sus propios hijos.
México ratificó oficialmente el Convenio sobre la Violencia y el Acoso de la Organización Internacional del Trabajo en julio de 2022. Este tratado obliga a México a proporcionar protecciones integrales para asegurar un mundo laboral libre de violencia y acoso, incluyendo la violencia de género. Sin embargo, la introducción de legislación por sí sola no cambia las actitudes.
En 2023, Justice in Mexico publicó: “Analizando el Problema del Feminicidio en México”, un resumen de la investigación realizada por McGinnis, Ferreira y Shirk. Los autores encontraron que los estados mexicanos que cuentan con fiscales especializados en la investigación de feminicidios son sustancialmente más propensos a clasificar los homicidios de mujeres como feminicidios y recomiendan que todos los estados destinen más recursos a la investigación y el procesamiento de los delitos motivados por razones de género.
En español, la palabra “mujer” significa tanto “mujer” como “esposa”, lo que podría implicar, de forma no verbal, que la identidad de una mujer en un país latinoamericano será inevitablemente la de una esposa y, a menos que las cosas cambien, pertenecerá a un hombre. México no puede cambiar el vocabulario, ¿pero podrá lograr un cambio social y cultural que haga al país más seguro para las mujeres y niñas?
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en México está apoyando a instituciones gubernamentales y grupos de la sociedad civil para acabar con la violencia de género. Sus iniciativas están dirigidas a mejorar el procesamiento de los casos de feminicidio mediante el fortalecimiento de la diligencia debida y la capacitación de médicos forenses y funcionarios judiciales para incorporar una perspectiva de género en su trabajo. Esperemos que tengan éxito.
