A finales de abril de 2021, se iniciaron una serie de manifestaciones en Colombia después de que el gobierno propusiera una nueva reforma fiscal. Tras la protesta pública que se produjo, el gobierno se retractó de su propuesta de reforma fiscal, pero los grupos grandes de manifestantes siguieron con sus manifestaciones contra los problemas profundos de la sociedad colombiana.
Escritor: Gustav Fauskanger Pedersen 7.6.2021
El 30 de mayo, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó a los implicados en la actual huelga nacional de Colombia a reducir las hostilidades e intentar resolver sus diferencias y dialogar. La Alta Comisionada consideró que la situación de las manifestaciones en Colombia era muy preocupante. Según una estimación de la ONU, entre el 28 y el 30 de mayo murieron catorce personas y casi cien personas fueron heridas durante los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Un porcentaje significativo de los muertos y heridos fue causado por el uso de armas de fuego por parte de la Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).
También el 30 de mayo, miles de contra manifestantes marcharon por la capital, Bogotá, pidiendo el fin de las manifestaciones iniciadas en abril. El mes de manifestaciones ha causado problemas económicos graves. La BBC informó que los manifestantes habían bloqueado las carreteras provocando escasez de alimentos y suministros en algunas partes del país, lo que, entre otras cosas, impidió el transporte de los principales productos de exportación de Colombia: el petróleo, el carbón y el café. Tras un mes de violencia y disturbios por todo el país, muchos colombianos estaban comprensiblemente preparados para que se llegara a un acuerdo entre los manifestantes y el gobierno. Sin embargo, las manifestaciones son sin duda una muestra de diversos problemas muy arraigados en la sociedad y para los que no hay una solución rápida.
Al principio, las manifestaciones colombianas se llevaron a cabo como respuesta a una propuesta de reforma fiscal presentada por el gobierno del presidente Iván Duque Márquez. La reforma pretendía mejorar la red de seguridad social del país y ampliar de forma permanente el programa de apoyo a la renta básica que se implementó para ayudar a la población a superar las dificultades económicas de la pandemia COVID-19. Esta reforma, si hubiera sido implementada, habría aumentado los impuestos para los colombianos de ingresos medios, que ya estaban luchando económicamente con los desafíos adicionales de la pandemia. Por eso, muchos creyeron que la implementación de esta reforma propuesta conllevaría un aumento del número de personas de bajos ingresos, en vez de mejorar las condiciones de la población en general, y a raíz de eso estallaron las manifestaciones.
Aunque el gobierno retiró rápidamente la propuesta de reforma fiscal y el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dimitió por este asunto, las manifestaciones no cesaron. Por el contrario, evolucionaron hacia manifestaciones antigubernamentales y peticiones de un verdadero plan de renta básica universal, una reforma del sistema de educación superior en el país y una reforma de la policía. Esta última reivindicación se ha visto reforzada por los violentos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, que han causado un gran número de muertos y heridos.
En muchos sentidos, las manifestaciones actuales en Colombia pueden verse como la continuación de una serie de manifestaciones antigubernamentales desde noviembre de 2019. Un grupo llamado Comité Nacional de Paro organizó estas manifestaciones en las que participaron unas 200.000 personas. Estas manifestaciones fueron organizadas para denunciar la corrupción del gobierno y las reformas previstas en materia de pensiones e impuestos, entre otras cuestiones. El Comité Nacional de Paro también es responsable de organizar las manifestaciones actuales, y muchos de los temas principales de 2019 siguen estando en el punto de mira, aunque las manifestaciones han cambiado radicalmente por los desafíos adicionales que supone la pandemia.
Estos desafíos han intensificado las manifestaciones, que estallaron a pesar de que las concentraciones masivas estaban prohibidas para evitar la propagación del COVID-19. Esto, a su vez, hizo que la policía antidisturbios respondiera con fuerza para dispersar a las multitudes. El uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de policía ha provocado en varias ocasiones en los últimos años la muerte de manifestantes. La agresividad de la policía aumentó sin duda la tensión, y las peticiones de reforma policial se convirtieron en un grito de guerra cada vez más importante.
Otras causas centrales de las manifestaciones son el alto nivel de desigualdad y pobreza de Colombia, y la imposibilidad de los colombianos de mejorar su calidad de vida. Existe una importante falta de movilidad social en el país, que es una consecuencia de la inaccesibilidad a la educación superior, los altos índices de pobreza y los elevados niveles de desempleo.
Estos problemas tan arraigados hacen que un gran parte de la población colombiana se sienta invadida por la ira y la frustración ante los altos niveles de injusticia y desigualdad en el país. Sin embargo, ahora que avanzan las negociaciones entre los manifestantes y el gobierno, y se debaten ideas sobre planes de renta básica y reformas de la educación superior y del sistema policial, aparece un faro de esperanza para llegar a un acuerdo pacífico y beneficioso. El 6 de junio, el gobierno colombiano anunció sus planes de solicitar al Congreso la aprobación de alguna reforma de la policía, incluyendo la mejora de la formación en derechos humanos y la supervisión de los agentes. Podría parecer que una solución, o al menos el comienzo de una solución a los numerosos problemas sociales y económicos a los que se enfrenta la mayoría de los colombianos, está más cerca que nunca.
